Uruguay: la desobediencia incipiente y a pesar de todo. Uruguay: Incipient Disobedience Despite the Odds.

Resumen:

En este artículo reflexiono sobre el surgimiento, desarrollo y estado actual del colectivo “Historias Desobedientes” en Uruguay,
como parte de los procesos
de construcción de la memoria colectiva. Propongo que el tardío surgimiento de la agrupación en este país
(2021) y su escaso número de
integrantes pueden entenderse como
síntoma de un proceso de justicia transicional
obstaculizado y ambiguo. La existencia del grupo refleja
la construcción de una memoria colectiva que se debate entre el deber de continuar reafirmando la especificidad de los crímenes, ante la narrativa
que intenta relativizarlos, y el de construir una relación “ejemplar” con el pasado
que permita aprender de él para enfrentar
luchas similares

Ana Ros
Matturro

Binghamton University Binghamton, NY,
Estados Unidos [email-masked] https://orcid.org/0000-0002-6474-5699

Enviado: 13/9/2024 Aceptado: 12/1/2025 Publicado: 15/7/2025

en el presente. Parte central de este estudio

es la reflexión sobre las declaraciones de las voceras
de Historias Desobedientes-Uruguay y la
interpreatción de los aspectos literarios de su trabajo ensayistico.

Palabras clave:
memoria colectiva, dictadura, posdictadura, militares perpetradores, Historias Desobedientes, Argentina, Chile, Uruguay.

Abstract:

In this article, I reflect on the
emergence, development, and current
state of the activist group “Historias Desobedientes” in
Uruguay, as part of the processes of
construction of collective memory. I
propose that the late emergence of the group in this country (2021) and its small number of members can be understood as symptom of a hindered
and ambiguous transitional justice process. Therefore, the existence of the group reflects the construction of a collective memory that is torn
between the duty to continue reaffirming
the specificity of the crimes, in the face
of the narrative that tries to relativize them,
and that of building an “exemplary” relationship with the
past that allows learning from it to face similar struggles in the present.
A central part of this study is the reflection on the statements of the spokeswomen of Historias Desobedientes-Uruguay
and the interpretation of the
literary aspects of their essayistic work.

Keywords: collective memory,
dictatorship,

postdictatorship, military perpetrators, Historias Desobedientes, Argentina, Chile, Uruguay.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0.

Sumario: 1.
Introducción: los parámetros de la desobediencia. 2. Desarrollo.
2.1. “Los desobedientes no surgieron de la nada”. 2.2. “Somos la
peor derrota de los genocidas”. 2.3. “La desobediencia es un
medidor social”. 2.4. Historias Uruguay:
desobediencia incipiente. 2.5. Historias Uruguay:
desobediencia a pesar de todo. 3. A modo de conclusión:
reflexiones finales.

Cómo citar: Ros Matturro, A. (2025). Uruguay:
la desobediencia incipiente y a pesar de todo. Ñawi. Arte, Diseño, Comunicación, Vol. 9, Núm. 2, 101-117.

https://nawi.espol.edu.ec/

www.doi.org/10.37785/nw.v9n2.a4

1.
Introducción: los parámetros de la desobediencia

La agrupación “Historias Desobedientes: Familiares de genocidas por la Memoria,
la Verdad y Justicia” (a la que también me referiré, en aras la de la brevedad, como “Historias”) nace en Argentina en el 2017 y en los años siguientes se
expande a otros países de la región y a Europa,
convirtiéndose así en un movimiento internacional. Sus
integrantes son descendientes de perpetradores militares
(hijos, sobrinos, nietos) que se oponen a su legado familiar de violencia y se unen a la lucha por verdad, justicia y nunca más en sus respectivos países.

La inesperada adhesión de esta voz a los movimientos sociales
en defensa de los derechos
humanos ha suscitado
diversas reflexiones. Ha sido entendida como el producto
de un camino de casi cincuenta años de construcción de la memoria (Estay Stange, 2021) y como la “peor derrota de los genocidas” (Delgadillo, 2018, 48). Asimismo, la dimensión y repercusión de dicha agrupación en cada país se ha interpretado como un medidor
social de hasta
dónde el trabajo
de memoria realizado durante todo ese tiempo “ha logrado filtrar
esas capas más impermeables a los derechos humanos” (Estay Stange, 2021). En el presente
artículo, desarrollaré esos tres aspectos en relación a
Argentina y Chile, para luego trazar
conexiones comparativas con Uruguay que nos permitan reflexionar sobre la
situación de la memoria
colectiva y la posibilidad de construir una democracia centrada
en la defensa de los derechos humanos.

2.  Desarrollo

2.1.
“Los
desobedientes no surgieron de la nada”

Con respecto al largo camino que
conduce al surgimiento de la agrupación, Estay Stange, representante de Historias
Chile, afirma: “los desobedientes no surgieron de la nada, son el fruto de la conciencia que otros sembraron durante años” (2021). En el caso argentino, esta
conciencia fue creciendo de mano de la labor de las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, del movimiento de HIJOS y Hermanos, del trabajo de políticos que impulsaron la justicia (especialmente el expresidente Néstor Kirchner) y de los aportes
de académicos, periodistas, escritores y cineastas que desde el ámbito de la memoria o la posmemoria, han explorado el pasado y su relación
con el presente desde muy diversos
ángulos.

Igualmente, casos aislados de
descendientes de perpetradores que se opusieron tempranamente a su legado fueron haciendo cada vez más
concebible la idea del familiar de represor dispuesto a colaborar con los
procesos de verdad y justicia y a impulsar la reflexión sobre el
autoritarismo. Por ejemplo, Ana Rita Peretti fue la
primera en quitarse el apellido paterno
(en el 2005), Vanina Falco fue la primera en atestiguar contra su padre en un juicio (en el 2009), y la agrupación “El
Puente” (formada en 2007) fue la primera
en reunir a familiares de víctimas y de represores para buscar información sobre casos judiciales.

Dentro
de los numerosos aportes que ha habido a la construcción de la memoria,
las Madres de Plaza de Mayo son un referente de gran peso para Historias por su desobediencia, tanto a los roles de género como al silencio
y al orden que la Junta buscaba
imponer en la sociedad. La desobediencia es también un elemento clave
del feminismo contemporáneo y como tal ha
influido en la formación de esta agrupación de descendientes que
la recoge en su nombre. Según
Page

esta voz colectiva, abierta y radical
articula la desobediencia como un desafío pacífico, no solo ante los discursos resurgentes de reconciliación, impunidad, y en los casos más
extremos, negación, sino también ante las ya incorporadas
estructuras patriarcales y
capitalistas que los apuntalan (2021, 43, traducción propia).

Como afirma Page, el movimiento
Historias desobedientes en Argentina, con sus predecesores, redes y posicionamiento político-ideológico (crítico de las interacciones opresivas
derivadas del sistema
neoliberal y el patriarcado y opuesto a la violencia
estatal) jugó un rol decisivo en el surgimiento de la vertiente chilena
de la agrupación (2021, 52-53).
En efecto, sus fundadores (Verónica Estay Stange y Pepe Rovano) comenzaron
su trayectoria en el colectivo de Argentina; participando
de las reuniones, actividades y publicaciones (Estay Stange, 2020).

Si bien en
Chile el contexto político posdictatorial no
fue tan favorable a la justicia transicional como en Argentina y por ende los movimientos sociales
tuvieron un espacio
más restringido, estos
han sido parte
de un activo proceso de construcción y profundización de la memoria
colectiva que involucró a múltiples actores.
A partir de los años 80 hubo incesantes
aportes a este proceso, desde el periodismo investigativo, la academia, la
literatura y el cine, que también
fueron pavimentado el camino para el surgimiento de Historias en Chile.
Incluso, tal como Peretti y Falco en Argentina, en el 2010 Vittoria E. Natto demostró con su texto La hija de un torturador. Relato testimonial de una ex menor (2015) que en Chile las hijas de los represores también podían alzar su voz y oponerse a su legado.
Al igual que Natto, las cineastas Lorena Manríquez y Lisette Orozco
podrían considerarse proto-desobedientes pues si bien sus películas La Odisea de Ulises
(2014) y El pacto de Adriana
(2017) son anteriores al surgimiento del movimiento en su país, ambas investigaron experiencias de participación en la represión o de apoyo al régimen de familiares directos, arriesgando así la fractura de su
familia.

2.2.       “Somos la peor derrota de los genocidas”

En el caso de las hijas fundadoras, la desobediencia tiene dos
elementos centrales. Por un lado, consiste en
“aceptar la responsabilidad del Padre en los más horrorosos
crímenes, impugnarlo y delatarlo” rompiendo así la lealtad
supuesta por la filiación. Por otro, implica rebatir “el silencio y la
sumisión como prácticas familiares y sociales” (Bartalini,
2018, 12). Según María Laura Delgadillo, el silencio es una forma
de apoyo y complicidad: “[a]cá no hay medias tintas, o apoyás el genocidio, o lo repudiás. O aceptás este difícil papel, o lo negás. O te oponés, o te convertís en cómplice” (2018, 48). La desobediencia del colectivo se transforma así en un gesto político. El acto de romper con el legado paterno (“no somos quienes ellos
querían que fuéramos”) demuestra que todo cambio pensable
es posible: “somos personas vinculadas por el dolor y la postura crítica ante nuestros progenitores, pero también […] por el deseo de transformarnos y transformar esta sociedad para que nunca más el Estado
sea responsable de crímenes de lesa humanidad” (Historias Desobedientes, 2018, 9). Ese deseo las lleva no solo a recordar los crímenes dictatoriales desde su perspectiva como descendientes de perpetradores sino también a luchar contra las “nuevas variantes del horror” y las nuevas formas en que “la
violencia, la impunidad
y la represión reaparecen de modo concreto
e insistente” en el
presente (Historias Desobedientes, 2018, 9). Condenan así las relaciones
sociales opresivas basadas en género,
sexualidad, situación económica, raza o etnicidad, al igual que la violencia autoritaria del Estado para con los civiles
(Ros Matturro, 2023).

Esta capacidad de conectar las violencias del pasado y el presente acompaña a la agrupación desde su surgimiento. Tanto en Argentina como en Chile,
Historias Desobedientes surge
en contextos en los cuales,
desde el gobierno, se

amenazaban tanto los logros alcanzados en el plano de la
justicia transicional como en el de la protección de los derechos
humanos y civiles
de la población. En el caso argentino, las hijas de genocidas que ya estaban
en contacto se vieron impelidas a actuar en el 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri apoyó el “2x1”, una medida que reducía a la
mitad las condenas de ciertos presos cumpliendo sentencia efectiva, incluyendo
a exrepresores. Unos meses más tarde, marcharon bajo la bandera
de la agrupación para denunciar
la violenta represión policial que a diario sufrían miles de manifestantes opuestos a las políticas
socioeconómicas del gobierno, simbolizada por la desaparición y asesinato del joven Santiago Maldonado.

La rama chilena
del movimiento se fue gestando
en circunstancias similares. Sus integrantes hicieron
su primera aparición pública el 7 de
septiembre del 2019, “durante la tradicional romería al Cementerio
General en Santiago en
conmemoración del golpe de Estado”, organizada por los familiares
de víctimas de violaciones a los derechos humanos (Labbé Yáñez, 2019). Al día
siguiente, hicieron su segunda aparición en la proyección del
documental El pacto de Adriana (2017),
acompañando a Lissette Orozco, quien para ese entonces ya
formaba parte del colectivo. No obstante, “la articulación de un discurso claro” se produjo recién un mes después, cuando el gobierno
de Sebastián Piñera expuso abiertamente la posición de la clase política y empresarial frente a las demandas del pueblo de una vida digna, durante el estallido social del
2019 (Uribe Otaíza, 2023).

El decreto ininterrumpido de Estado de
Excepción desde el 18 de octubre de 2019 y los abusos masivos a los derechos humanos a manos de las fuerzas de
seguridad, impulsaron a los integrantes del movimiento a trabajar simultáneamente
en sus procesos personales, relaciones grupales y desarrollo de posiciones vinculadas
a su contexto especifico de
desobediencia. Conectados al presente, las y los desobedientes chilenos unieron
su voz a la de las protestas
del estallido, para manifestar el rechazo a la Ley de Amnistía de 1978 y reclamar una nueva constitución que velara
por el bienestar de todos
los chilenos. Es decir, un nuevo pacto
social que extendiera la equidad y el respeto
a los derechos
humanos a todos los ámbitos e hiciera parte activa de ese proyecto incluso a los sectores más reticentes, como las Fuerzas Armadas y del orden
(Estay Stange, 2021).

La conexión de pasado-presente que ha caracterizado a Historias hace eco del concepto de Tzvetan Todorov
de “memoria ejemplar”. Según Todorov, ambas formas de relacionamiento con el pasado, “literal” y “ejemplar”, cumplen funciones
complementarias a la hora de mantener viva la memoria
de un pasado violento y traumático. La relación literal (memoria de la especificidad de
los crímenes; qué sucedió, cómo, a quién) es
crucial para revelar la verdad y luchar por la justicia
(Todorov, 2000, 32). La relación ejemplar, por su parte, permite
la exploración de otros aspectos
del pasado que son relevantes para abordar un amplio espectro de
preocupaciones del presente. En palabras de dicho
autor, la memoria ejemplar “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las
lecciones de las injusticias sufridas
para luchar contra
las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia
el otro” (2000,
32).

Esto resignifica la afirmación de Delgadillo acerca de que los desobedientes son “la peor derrota de los genocidas”, o represores en general,
ya que no solo interrumpen el legado familiar
a nivel personal, sino que también subvierten el proyecto social
del régimen. Es decir, el proyecto de eliminar a través del terror los lazos solidarios y contestatarios para formar sociedades dispuestas a aceptar
la opresión (de cualquier tipo) pasiva e incuestionadamente (Feierstein, 2011, 137).

2.3.       “La desobediencia es un medidor social”

Unos años atrás, en un
encuentro regional de Historias Desobedientes, Verónica Estay Stange
concluía que el número de desobedientes indica el grado de memoria
de una sociedad: “La desobediencia es un medidor
social que muestra
hasta dónde el trabajo de memoria ha logrado filtrar esas capas
más impermeables a los derechos humanos. Un proceso que, con ritmos distintos y a pesar de todo, sigue su curso” (Gatti, 2021).

Estos distintos ritmos reflejan las
diferencias en el desarrollo de la justicia transicional y la memoria colectiva en cada sociedad posdictatorial.
En efecto, mientras que para el 2021, el número de desobedientes en
Argentina superaba la centena, en
Chile sus integrantes no llegaban a veinte (Gatti, 2021). Pero, como observa
Estay Stange (en correspondencia con la autora),
en los últimos años, el número de desobedientes chilenos
ha crecido, llegando
a treinta en el 2024 y también se han multiplicado sus aportes a la producción cultural (a través de libros y películas), al activismo
y a la política (encuentros, comunicados, posicionamientos, etc.).

El aumento de la visibilidad del movimiento en Chile o en los otros países en los que existe, resulta
esperanzador en la medida en que puede funcionar como un faro para el resto de la sociedad.
En palabras de Gloria Elgueta
Pinto, las voces de las/os
desobedientes chilenas/as, “son un llamado a quienes aún no saben,
o no quieren saber, del terror de ese pasado
y de sus continuidades en el presente” (2020, 60). Continuidades expresadas, por ejemplo,
en la preservación de sistemas
basados en la opresión económica, de género, de los pueblos
nativos y de la protesta
en sí misma.
Así, señala Elgueta
Pinto, “la decisión de ‘desobedecer el mandato de silencio’ impuesto
en el interior de sus familias es un gesto ético y político que nos remite a la pregunta por la propia responsabilidad y a la pregunta por el otro” (2020, 60).

Con estas preguntas el movimiento
invita a considerar que más allá de la situación familiar
de cada persona, todos nos
inscribimos en una larga historia de arreglos sociales opresivos que nos
preceden (de ahí las diferentes posiciones interseccionales y de privilegio) y que aceptamos
como si fueran incambiables, pero siempre hay espacio para la resistencia, para la desobediencia. Esta comprensión de la desobediencia como actitud personal
y política es un requisito fundamental para un compromiso más profundo, como el que Michael
Rothberg plantea con la noción de implicación. Señala que

el concepto
de implicación nos pide que consideremos nuestro
involucramiento en historias y situaciones actuales
que superan nuestro aparente
alcance inmediato y nuestras contribuciones a la producción de la
historia, a través de la participación
impersonal en vez de por medio de la
perpetración directa (2014, traducción propia).

La noción de implicación de Rothberg permite
llevar el conocido
lema de los desobedientes “no
en mi nombre” más
allá de las fronteras nacionales para crear espacios de
concientización respecto a situaciones como las crisis humanitarias o medioambientales, en las
que inadvertidamente somos víctimas y victimarios.

2.4.
Historias Uruguay:
desobediencia incipiente

Si tomamos la visibilidad de los desobedientes en cada país como medidor de qué tan profundamente ha calado el trabajo (cultural, social y
político) en defensa de los derechos humanos, probablemente la
situación de Uruguay no parezca
muy auspiciosa considerando que el grupo
aún es relativamente pequeño y muchos
todavía no conocen
su trabajo.

Formado en el 2021, Historias-Uruguay
fue la cuarta agrupación latinoamericana en sumarse al movimiento; después de la brasilera (2020) y
seguida por la paraguaya y la salvadoreña, recientemente formadas. En
cuanto al número de integrantes, a un año de su creación, Ana Laura Gutiérrez, una de sus fundadoras, afirma que eran “diez, casi doce”, pues dos compañeras que se acercaron al grupo, aún no habían tomado la decisión de sumarse (2022). Dos años
más tarde, en el 2024, las/los integrantes activos/as que trabajan
colectivamente siguen siendo doce, a pesar de que muchas personas
han contactado con el grupo para compartir
su historia (intercambio personal con la autora de este artículo). También, según comenta
A. L. Gutiérrez, el surgimiento de Historias Uruguay
fue una sorpresa para los integrantes de los otros grupos de la
región pues lo veían como un evento improbable: “los
compañeros de Argentina nos
decían ‘parecía tan lejano que esto se fuera a dar en
Uruguay’” (2022).

¿A qué se debe la
impresión de que el surgimiento de Historias-Uruguay era poco probable y
cómo explicar la limitada
visibilidad de la agrupación? La respuesta a estas preguntas retoma los
aspectos planteados como hilos conductores
al comienzo de este artículo: es decir, la interpretación del
movimiento como resultado de una larga historia
de construcción de la memoria colectiva; como la peor derrota de los genocidas o represores (en la medida en que subvierte el legado familiar
y el proyecto social a largo plazo
de la dictadura), y como medidor de hasta donde
la memoria ha llegado a
infiltrar las capas más impermeables a los derechos humanos.

Para empezar, el surgimiento de este
grupo en Uruguay se inscribe en una larga historia de lucha, pues la construcción de la memoria
impulsada por los movimientos de derechos humanos ha enfrentado
obstáculos permanentes en la posdictadura. Por tal motivo,
si bien dicha
memoria se ha fortalecido con el paso del tiempo,
aún no ha logrado posicionarse como la interpretación irrefutable del pasado. En efecto, a casi cuarenta
años del final del régimen todavía contiende en la esfera
pública con expresiones de la memoria
que interpreta los abusos del periodo dictatorial como propios de una guerra o a
lo sumo como excesos dentro de un accionar justificado.

Esta tensión ha impactado
profundamente el proceso de justicia transicional que atraviesan las sociedades posdictatoriales.
El mismo supone la gradual subordinación de las fuerzas del orden al
liderazgo civil democrático para
permitir el surgimiento de la verdad y la justicia respecto a los
crímenes dictatoriales, otorgar diversas formas de reparación a quienes padecieron la violencia estatal y
obtener garantías de no repetición para la sociedad en su conjunto. En
Uruguay, este proceso ha estado caracterizado por un movimiento de avance y
retroceso que al prolongarse en el
tiempo genera, por momentos, la impresión de estancamiento.

Son
muchos los factores
que han incidido
en la configuración de una posdictadura en la que tanto
los gobiernos de derecha como los de izquierda, por distintos motivos,
postergaron en su agenda la investigación de los crímenes dictatoriales y el juicio a
los responsables. Entre ellos destaca, por un lado, el hecho de que no ha
habido una separación tajante
entre actores políticos influyentes del ámbito civil y militar
(Amado, 2015; Pasquariello, 2017; Urruzola, 2017). Previo a la dictadura, integrantes
de los grupos armados y de los partidos políticos mantuvieron
diálogos entre sí y con sectores
castrenses de distintas tendencias; durante el régimen, políticos civiles se desempeñaron en distintas funciones y el final del mismo estuvo marcado
por un pacto entre los militares en el poder y representantes de la mayoría de los partidos políticos. Por otro
lado, al contar Uruguay con un ejército enteramente profesional (a diferencia de Argentina y Chile que
tuvieron/tienen servicio militar obligatorio), quienes ocuparon los
últimos eslabones
de la cadena de mando durante el régimen no han sido tan proclives a romper el silencio sobre los crímenes y crear así empujes de verdad y
justicia.

Siguiendo de cerca la
investigación de Buriano y Dutrénit
(2017), podemos afirmar que los pilares del estancamiento antes mencionado se establecieron en los primeros
años de gobierno
transicional, por medio de dos leyes interconectadas. La Ley de Pacificación Nacional
(1985) que otorgaba
una amplia amnistía a los presos
políticos instauró
la “simetría de la culpa” y allanó el camino para la
“simetría de la solución” (Buriano
& Dutrénit, 2017, 357); es decir,
la amnistía a los perpetradores militares que se concretaría al año siguiente con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ambas leyes
instauraron la lógica de guerra y la teoría de los dos demonios, sobre las cuales se comenzó a construir la “cultura de la impunidad”, en nombre de la gobernabilidad, pacificación y reconciliación (Buriano &
Dutrénit, 2017, 355). Aun así, los familiares de los detenidos desaparecidos se organizaron para reclamar justicia
impulsando una memoria divergente y gradualmente otras agrupaciones de derechos
humanos (como HIJOS, formado
en 1996) se fueron uniendo a su lucha.

Los casos de perpetradores que se
llevaron a juicio fueron resultado de realizar “perforaciones” a la
Ley de Caducidad, es decir utilizar
las limitaciones de sus artículos para activar algún tipo de
justicia (crímenes cometidos fuera
del país, desaparición de menores, y responsabilidades no
comprendidas en el texto legislativo) (Buriano & Dutrénit, 2017, 355).
Eso permitió el juicio de represores emblemáticos (Juan
María Bordaberry, Juan Carlos Blanco,
Gregorio Álvarez). Para extender la justicia más
allá de esos casos, los familiares tuvieron que recurrir a entidades internacionales como la Comisión y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y CorteIDH).
A raíz del caso Gelman (2002),
por ejemplo, y “luego de inenarrables traspiés” para
impedirlo desde el gobierno, se logró en el 2011, a través de una nueva
ley (No18.831), eliminar
los efectos de la Ley de Caducidad del orden jurídico (Buriano & Dutrénit, 2017, 366).
Pero, como afirman
Fried Amivilia y Sharnak, esto “no produjo
la tan esperada admisión de responsabilidad
por parte de las fuerzas armadas. De hecho, los militares hicieron todo lo
posible para evitar los juicios, por
ejemplo, impugnando el plazo de prescripción” (2023,
traducción propia). Según los datos presentados por
Francesca Lessa, “hasta junio de 2023, los
tribunales uruguayos han dictado sentencias en sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total”, en contraste con las 1.136 personas condenadas en Argentina y las 606 sentencias definitivas dictadas en Chile hasta el
2022 (Lessa,
2023).

Al momento de evaluar la persistencia de los obstáculos a la
verdad y justicia, se aprecia una combinación de interferencias por parte del poder militar y civil. Por ejemplo, en el 2012, la Corte Suprema quitó de su cargo a la Jueza Mariana
Mota quien estaba
investigando cincuenta casos
de crímenes de lesa humanidad y al año siguiente declaró inconstitucional
dos artículos de la Ley No18.831, dejando así en manos de jueces
individuales la decisión de proseguir o no con las causas abiertas
sobre crímenes dictatoriales. En el 2015, el general
retirado Pedro Barneix se suicidó al enfrentar
una orden judicial de detención por su participación la represión bloqueando así el surgimiento de la verdad. Ese mismo año, tras el
fallecimiento del coronel retirado Elmar Castiglioni, se incautaron en su domicilio sesenta cajas con “voluminosa información sobre la dictadura”, a pesar de que en el ministerio de Defensa se sabía de la falta de
estos documentos desde el 2006 y
había razones para sospechar del coronel(La Diaria, 2015).

Además, en el 2017, un grupo de trece activistas de derechos humanos que trabaja sobre los crímenes dictatoriales en Uruguay, recibieron amenazas por parte del Comando Barneix—formado en honor del general que
cometió suicidio—para proteger
a militares de nuevos procesamientos. Este hecho cobra
mayor gravedad al conectarse a un acontecimiento
sucedido el año anterior. En el 2016,
se produjo
el robo
de disco
duros del Grupo de Investigación
en

Arqueología Forense de la Facultad
de Humanidades, que investigaba casos de desapariciones ocurridas durante la dictadura.

La participación de la
población civil en general en el proceso de justicia transicional ha
reflejado las tensiones y contradicciones entre la narrativa
de guerra y terrorismo de estado, de diferentes maneras,
pero principalmente a través de las instancias de consulta popular.
Así, mientras en 1980 el 57% de la población votó a favor de no legitimar el régimen militar,
dando inicio a la transición democrática, nueve años más tarde, el 55.9% se pronunció a favor de mantener la Ley de Caducidad. De manera similar,
hacia finales de la primera
década del nuevo milenio, 52.64 % de la población optó por no
derogar la Ley de Caducidad en un nuevo plebiscito.

No obstante, durante esos diez años se había incrementado el compromiso con la memoria desde los movimientos sociales (Crysol, Género y Memoria,
Niños en cautiverio, Memorias en Libertad) y la producción
audiovisual sobre la
represión. Asimismo, la dictadura continuó siendo tema de
investigaciones periodísticas, estudios académicos y obras literarias y teatrales. También, en el 2007 se inauguró el Museo de la Memoria, concretando un paso postergado en el proceso
de validación de la memoria
reparativa y se presentó un nuevo caso de desaparición y asesinato ante la
CorteIDH. Finalmente, en el 2008, con ese mismo espíritu
se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Tras el fracaso del plebiscito del
2009, activistas y artistas no se rindieron, sino que continuaron luchando por establecer la memoria de los crímenes dictatoriales y la defensa de los derechos
humanos. El hecho de que la derrota
en el plebiscito de 1989 fuera por un 5.9% y en el del 2009 por un 3% indica un progreso a lo largo del tiempo respecto a la concientización sobre este
tema, pero aun así el último resultado reafirmó la
persistencia de la cultura de la impunidad.
Consecuentemente, durante la segunda década del nuevo milenio se
redoblaron esfuerzos: surgieron más
agrupaciones de derechos humanos, se estrenaron películas que ahondan en
aspectos antes inexplorados de la represión militar y se crearon significativas instancias de memorialización. Por ejemplo, En el 2017 se inauguró el monumento
a los desaparecidos en un lugar central de la ciudad (frente a la terminal de Tres Cruces), en el 2018 se creó un sitio de memoria en la excede del SID (Servicio de Información de Defensa) donde hubo detenidos secuestrados en el marco de la Operación Cóndor, y en el 2019 se convirtió en sitio de memoria el ex centro de detención clandestino La Tablada.

Además, en esta etapa se produjo
una expansión de la memoria en relación al evento anual de la
Marcha del Silencio (iniciada
el 20 de mayo de 1996). En el 2020, los integrantes de Madres y Familiares propusieron extender la conmemoración de los detenidos desaparecidos más allá del día de la marcha, a todo el mes de mayo(LaRed21, 2020). La propuesta fue ampliamente aceptada y cada
vez se han ido agregando más eventos, homenajes, celebraciones, intervenciones y diversas formas de participación ciudadana de principio
a fines de ese mes.

Sin embargo, mientras
esto sucedía, también se desarrollaba la tendencia opuesta.
Por ejemplo, desde el 2010 existe la asociación “Familiares de
Prisioneros Políticos” (y su cuenta en redes “En Voz
Alta”), cuyos miembros abogan por
la derogación de la Ley 18.381 y
la liberación de los represores presos, a la vez que antagonizan activamente la memoria de los movimientos de derechos humanos.
Asimismo, en el ámbito político, hubo instancias que reeditaron aspectos
de una misión militar supuestamente superada; en el 2012, el ministro de Defensa firmó un acuerdo con el

Comando Sur de Estados Unidos habilitando el uso del territorio nacional
para “facilitar el apoyo logístico recíproco entre
las partes” (González Guyer, 2023).
Igual de preocupante fueron los indicios de persistencia de una cultura de impunidad dentro de las fuerzas armadas
registrados en el 2019 por el surgimiento de nuevos casos de abusos sexuales de militares uruguayos en las
Misiones de Paz, que venían produciéndose desde el 2003 (Cayota,
2021). Además, como expresión de la resistencia de la institución castrense a reconocer
el/su pasado, en el 2021 salió a luz que hasta entonces los planes de estudio
de los centros educativos militares no incluían ni el golpe de estado ni
la Operación Condor (El observador, 2021). En esa misma línea, en el 2019 el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, fue cesado en su cargo
por objetar la política de derechos humanos
del gobierno del presidente Tabaré Vázquez
(Martínez, 2019).

En lugar de servir de amonestación, esta medida liberó a Manini Ríos para dedicarse de lleno a la carrera
política que ya había iniciado
(vulnerando la Constitución), al participar de la formación del partido político Cabildo Abierto, mientras estaba en actividad. La
formación de Cabildo Abierto en el 2018, y su llegada al gobierno como
parte de la coalición
representada por el presidente Luis Lacalle Pou (2020-2024) son la
conjugación de la tendencia arriba mencionada, opuesta
a la memoria de la dictadura como terrorismo de Estado. Al estar gestionado principalmente por militares retirados, Cabildo Abierto
otorgó a estos actores representación en el parlamento y en la
administración (Burain & Vitelli, 2022).
Desde su posición, Manini Ríos propuso
subidas salariales y beneficios jubilatorios para el ejército y fue
el impulsor del proyecto de prisión domiciliara para presos mayores de
sesenta y cinco años, incluyendo los represores cumpliendo sentencia por
crímenes de lesa humanidad.

La llegada de Cabildo al gobierno—producto de una creciente
polarización social respecto
al rumbo político que el país debía tomar—y su gestión dentro del mismo, generó respuestas cívicas de índole opuesta. Por un lado, habilitó expresiones afines a la teoría de
los dos demonios, como el surgimiento de la asociación “Toda la
Verdad”, en el 2020. Autodefinida como “parte de un grupo
mayor de víctimas y familiares de víctimas del terrorismo sedicioso que actuó en la República Oriental del
Uruguay”, esta asociación ha propuesto leyes, memoriales y
hasta la revisión de los textos de historia reciente (Asociación Toda la Verdad,
2020). Por otro lado, la actuación de Cabildo en el gobierno fue también clave para el surgimiento
de Historias Desobedientes en Uruguay.

Más concretamente, dicha agrupación declaró
públicamente su existencia en el 2021, cuando el gobierno de Lacalle
Pou decidió apoyar la propuesta
de prisión domiciliaria formulada por Cabildo
Abierto, que beneficiaría a los represores cumpliendo sentencia. Esto crea un paralelismo con Argentina y Chile pues en los tres países el movimiento surge,
de algún modo,
en reacción al intento de las nuevas
derechas de desarticular los logros obtenidos en materia de justicia transicional y derechos
civiles.

2.5.
Historias Uruguay: desobediencia a pesar de todo

Esto nos lleva al último punto
planteado como hilo conductor de este artículo; la visibilidad y
repercusión de Historias como medidor de hasta dónde el trabajo de la memoria
ha logrado filtrar
las capas más impermeables a los derechos humanos. La consideración de este punto nos permite también establecer ciertas reflexiones concluyentes.

En Uruguay, el hecho de que muchas personas se hayan acercado a
Historias para compartir sus vivencias, pero prefieran
no formar parte de la agrupación o participar anónimamente en ella, demuestra
que las capas más

impermeables a los derechos humanos aún ejercen
influencia sobre lo que se concibe como viable en relación al tratamiento del pasado reciente. No
obstante, en un contexto donde aún se cuestiona el avance de la justicia
en relación a los
crímenes dictatoriales, el surgimiento de Historias en Uruguay
más que significar la peor derrota de
los represores y su proyecto
social, es una instancia que permite vislumbrarla y ofrece caminos
para materializarla.

Estos
caminos se articulan
alrededor de tres ejes interconectados: el acercamiento entre personas con distintas trayectorias ideológicas, un cambio de sensibilidad respecto a lo político y una apuesta
a los activismos coordinados. Con respecto al primer punto, Ana Laura
Gutiérrez (A. L. G.), referente del grupo, reconoce como fundadora honoraria del mismo a una amiga, cuyos
familiares estuvieron detenidos en el centro clandestino que operaba en Colonia
Dignidad durante la dictadura militar chilena. Tras el fallecimiento de su
padre, A. L. G. conversó con su amiga sobre los profundos
desacuerdos que tenía con él y los sentimientos contradictorios que le producía su pérdida. Ella la alentó entonces a unirse a Historias
Desobedientes y formar la vertiente
uruguaya. A. L. G. reconoce
su impulso y apoyo
como una de las razones fundamentales de la existencia del grupo.

Este aspecto se puede interpretar como una nueva instancia de ampliación del “nosotros” de la memoria, es decir, de las personas percibidas
como grupo autorizado para hablar sobre el pasado represivo y a trabajar por la verdad y
la justicia (Jelin, 2002, 62). El hecho de que la
agrupación uruguaya haya surgido de la conexión entre familiares de víctimas y de represores pone el foco en el presente de cada persona,
entendido como resultado de un proceso
individual y colectivo. Así, la invitación a participar en
el trabajo de la memoria se extiende a todos lo que abrazan la defensa de los derechos humanos en la
actualidad, más allá de los caminos que los hayan llevado hasta
ahí, sus ideas anteriores o la posición de sus familias. En relación a esto, en la entrevista realizada a A. L. G. le pregunté si los integrantes del grupo se habían acercado, en un intento
de diálogo, a las asociaciones de familiares que critican las sentencias
recibidas por los militares perpetradores. Ella respondió que con lo
único que no pueden dialogar, para buscar puntos
de encuentro e intentar trabajar
juntos, es con las posturas
negacionistas. En un país donde la división ideológica entre izquierda
y derecha es bastante pareja (la izquierda
ganó por un 3.6% de los votos en las elecciones del 2024) el buscar diálogos
posibles y puntos de encuentro dentro
de la diferencia resulta prometedor.

Esto nos lleva al segundo punto: el
cambio en la sensibilidad política. Ante la pregunta sobre las
posibilidades de crecimiento del
grupo, A. L. G., pone de manifiesto el desencuentro entre el paso a la
acción (pública, activista, política) y lo que tal vez sienten o piensan los descendientes de perpetradores en lo
privado:

yo estoy convencida de que somos muchísimos los
familiares de los miliares que estamos en contra de esto porque naturalmente me parece que no te queda
otra alternativa. ¿Quién no repudiaría cualquier tipo de violación a los derechos humanos? Yo las escucho a estas mujeres [sobrevivientes de los centros de detención] que son grandiosas y que cuentan cosas que han vivido y quién no podría repudiar
eso, me parece que instintivamente todos deberíamos repudiar
esas acciones (A. L.
Gutiérrez, 2022).

Si bien A. L. G. ya tenía una
historia de militancia estudiantil y sindical, llegó a la adultez con la
visión de la dictadura transmitida por su padre
y la acción de “escuchar” (con apertura y empatía) el testimonio de las expresas
de La Tablada la condujo a la
militancia por los derechos humanos. Esto resuena con las ideas de la
filósofa Judith Butler sobre
la posibilidad de reimaginar sociedades más solidarias. En sintonía con la escucha
empática, Butler nos

invita a conectar
con experiencias comunes,
en tanto seres
sociales en constante relación, como la “vulnerabilidad” derivada
de la pérdida y la “precariedad” generada
por la amenaza de la violencia, a fin de poder reaccionar frente al sufrimiento de los que nos rodean (2004,
20).

Como segundo elemento de esta nueva sensibilidad política, A. L. G. rescata el estar dispuesta/o a “salir de la zona de confort” para responder con acciones al sentimiento derivado
de la escucha empática (El Eco Digital,
2023). O sea, la desobediencia implicaría aceptar las pérdidas y consecuencias desafiantes que conlleva el actuar consecuentemente con lo que se siente y con lo que se
considera inadmisible. Algunas veces, estas pérdidas son de
carácter afectivo (como cortar
lazos con parte
de la familia) y otras
de carácter simbólico o material (como
renunciar a cierto
estatus social o
posición económica resultantes de la pertenencia a un grupo
familiar o una comunidad determinada).

Este proceso de priorizar la empatía, aunque incomode, nos devuelve al tema de la memoria ejemplar de Todorov y a la noción de
implicación de Rothberg. Aquí los considero como procesos
interconectados que resultan en un llamado
a la acción; a salir de la zona de confort y a articular un
posicionamiento consistente respecto a los temas centrales del pasado
reciente (ocultamiento, impunidad, violencia) y sus diversas manifestaciones en la actualidad, a nivel local
y global. En distintos momentos, la vertiente uruguaya
de Historias Desobedientes ha dado muestras
de esta articulación de procesos
personales y sociales.
Por ejemplo, en la entrevista realizada, A. L. G. mencionó que el repudio del terrorismo de Estado en
Uruguay ha llevado a los miembros del grupo a ampliar la mirada más
allá de las fronteras y condenar los abusos a los derechos
humanos a manos
de fuerzas estatales (propias o ajenas),
donde sea que se produzcan. Así, desde su formación, la agrupación se ha manifestado en contra de los abusos
ocurridos en Argentina, Venezuela y Palestina.

Inevitablemente, la ampliación
de la mirada lleva al abandono de nuevas franjas de las zonas de confort, produciendo tensiones incluso dentro del grupo. En efecto,
como recordó A. L. G. en la entrevista, una persona dejó el movimiento por discrepancias con la postura crítica
articulada colectivamente, sobre el tratamiento del pueblo palestino en el conflicto reciente con
Israel. Finalmente, como parte de ese esfuerzo de mantener una posición consistente en la defensa de los derechos
humanos en Uruguay y el mundo, A. L.
G. enfatizó la importancia de que Historias
Uruguay permaneciera independiente de la política partidaria.

El tercer eje, la apuesta a los activismos coordinados, surge de la
misma lógica de los anteriores de conectar y ampliar y se basa en el reconocimiento de las diferentes formas de expresión de la violencia, más allá de del terrorismo de Estado, como problema a atender para romper con la matriz
generadora de autoritarismos. En relación a este eje, Irma
Gutiérrez (I.G), la hermana mayor de A. L. G., también referente
de Historias Desobedientes-Uruguay, es una figura central.

La historia de vida de I. G. la llevó a comprender la conexión entre las distintas formas de violencia que se producen en espacios aparentemente
desconectaos. Margot Ubal, la madre de I. G. y A. L.
G. “cargaba con una tradición de
violencia en casa” de la que no se hablaba, aunque ellas sabían en que “se odiaba con su madre y era hija de un policía” (Gatti,
2022). El padre de I. G. y A. L. G., Armando
Gutiérrez Bentancourt, se trasladó de Rivera a Montevideo a los 18 años, se unió al ejército como soldado y se instaló en un barrio
humilde en las inmediaciones del Servicio de Material y Armamento y el ex Batallón
de
Infantería número 13
(Caras y Caretas, 2021). Durante
su
infancia, Margot castigaba

físicamente a I. G. por cualquier motivo y su padre
lo permitía. Cuando Irma tenía ocho años, un vecino
cercano a la familia abusó sexualmente de ella. Tras contárselo a su madre,
ésta la obligó a pedirle perdón al perpetrador y la golpeó. Una vez más, su
padre lo dejó suceder.

Unos
años más tarde,
la conducta agresiva
del padre hacia madre y la explotación económica a la que la sujetaba se hicieron insostenibles provocando la
separación de la pareja (Caras y
Caretas, 2021). Poco después, cuando I. G. tenía doce años, su madre la echó de la
casa y ella se fue a vivir con su padre, donde sufrió una nueva forma de violencia
expresada en la negligencia: “Pasé literalmente hambre y me faltaba
lo básico. Solo había comida para mí
si le insistía varias veces” (Gatti, 2022). I. G. pudo
independizarse y salir adelante a través del estudio y el trabajo, pero las marcas
dejadas por sus agresores seguían activas y la llevaron a repetir historias: se casó con un militar
que también
“venía de una historia familiar hiperviolenta”, y pronto
comenzaron los episodios de violencia doméstica (Gatti, 2022). Tuvieron una hija y esos episodios se fueron exacerbaron al punto de llegar a intentar matarla delante de la niña de cuatro años. Cuando la policía intervino, I. G. fue quien se tuvo que ir de la casa con su hija, aunque dependía económicamente de su esposo (Gatti,
2022).

A pesar del miedo inicial, I. G.
comenzó a vincularse con grupos de mujeres sobrevivientes de violencia
sexual y a través de ellas a
familiarizarse con el feminismo y esto fue lo que la “salvó”
(Gatti, 2022). En ese proceso, la violencia
sexual y de género sufrida se inscribieron en un contexto más
amplio donde la ideología patriarcal y la forma de organización capitalista que acompaña producen
todo tipo de relaciones opresivas basadas en el género, la sexualidad, la clase social,
la raza o etnicidad, el lugar de procedencia, etc. Así su situación particular cobró otro
significado y se volvió parte
de una lucha colectiva contra una forma de pensar y relacionarse de la que
todos participamos y que puede ser
transformada.

A su vez, su trabajo dentro del
feminismo la llevó a encontrarse con otras sobrevivientes de violencia
sexual, pero de la época del terrorismo de Estado. Conocer las experiencias de las mujeres que habían estado detenidas en La Tablada
y constatar los aspectos que las unían y la dificultad para hablar del tema fue el primer
paso hacia cuestionar críticamente la actuación de su padre. El cuestionamiento fue doble, de su historia
en la institución militar, de la cual se jubiló con el grado
máximo de Sargento
(lo que había hecho durante sus años de servicio, lo que había callado, lo que había defendido) y de su comportamiento dentro
de la familia (la violencia
que había permitido, la agresión, el autoritarismo, el descuido indolente). El paso
siguiente fue sumarse al movimiento. El feminismo, en tanto espacio de liberación y
resistencia, condujo a I. G. a encontrarse con su hermana en la desobediencia
filial y política del colectivo, del que ambas son referentes.

Por el carácter personal y público de este proceso,
para I. G. la decisión de rechazar el legado del padre represor
también se refleja en la de romper en su vida el ciclo de
violencia que se seguía renovando: “Son patrones que se repiten de generación en generación si uno no los cuestiona […] y no quiero que mi hija pase por nada de todo aquello” (Gatti,
2022). Este deseo de cortar ciclos contrasta con el favorecimiento de la
continuidad a nivel político, en relación a las
Fuerzas Armadas, su visión incuestionada del pasado de violencia y la
producción de masculinidades autoritarias. Por su historia, I. G. conoció desde adentro el entorno militar de diferentes generaciones y considera que no ha habido cambios
substanciales:

Sé lo que piensan los oficiales jóvenes. Y no
es muy distinto a lo que pensaban sus mayores. Siguen teniendo la misma formación cruel, de maltrato entre pares, de maltrato entre superiores y subalternos. Y
trasladan esa violencia a sus familiares. Por lo que pude ver y enterarme, escuchan, leen y hacen lo mismo que los oficiales de la época anterior a la dictadura. Es un problema gravísimo. (Gatti, 2022)

Este proceso de descubrimiento de la
agencia para construir una historia diferente, a pesar de los desafíos y dificultades que representa, queda
plasmado en un texto de I. G. El mismo fue creado en el contexto de un taller internacional
de expresión escrita organizado por Verónica Estay Stange
para los integrantes del movimiento. El texto se titula “Más viva
que nunca” y relata una
experiencia que hace eco de lo vivido
por muchos otros integrantes del movimiento (el shock,
la vergüenza, la culpa, la contradicción de sentimientos frente
al padre, el rechazo del legado y sus desafíos, el deseo de construcción de un nuevo
legado, etc.). Sin embargo, cada historia es única y el párrafo final del ensayo
captura la profundidad del significado de esta experiencia en la vida de I.G.

Soy Irma Gutiérrez, hija mayor de Armando Gutiérrez. Militar, represor de la dictadura
uruguaya hasta poco antes de darme la vida.
Lo amé, pero ya no estoy
segura de seguirlo amando. Su ADN está en mi cuerpo, pero mi alma, mi
consciencia, son más fuertes.
Aquí estoy, encarnando todo lo que él repudiaba, más viva de lo que jamás estuve,
sangrando cada día un poco menos. Siendo feliz cada día un
poquito más (Estay Stange, 2022, 154).

En este párrafo, I. G. reconoce
su situación de implicación como hija de represor y las
contradicciones que esa situación le genera (“lo amé, pero ya no estoy
segura de seguirlo
amando”) y reafirma
su capacidad de elegir cómo posicionarse frente a ese legado
(“su ADN está en mi cuerpo,
pero mi alma,
mi conciencia, son más fuertes). El poner ambos lados en relación de fuerzas (por un lado, lo genético y la crianza
y por otro lo que ella decide construir para su
vida) comunica la lucha constante que implica el proceso de heredar, en el
sentido de decidir qué continuar y qué desobedecer de las narrativas y experiencias que nos formaron.
La tensión entre fuerzas comunica
la idea de la herencia un proceso en desarrollo que
requiere un esfuerzo constante.

Sin embargo, ese dificultoso proceso
viene acompañado de una conquista
a cada paso de la vida sobre la muerte,
de la felicitad sobre la tristeza: “Estoy aquí . . . más viva de lo que jamás estuve, sangrando cada día un poco menos. Siendo feliz cada día un poquito más”. La referencia al sangrado, evoca heridas abiertas
que no pueden cicatrizar y por lo tanto mantienen a quien las
padece en un estado de debilidad que amenaza su vida. En el caso de I. G., estas heridas abiertas representan el
trauma sufrido por las experiencias de violencia
que marcaron su vida. Sufrir esa condición en soledad y sin las
herramientas adecuadas para abordarla se asemeja a una forma de muerte, en la medida en que la agencia desaparece y la persona queda sujeta a actuar desde
las limitaciones impuestas por el trauma. Darles
nombre, entender esas experiencias dentro
de marcos opresivos
más amplios que funcionan a través de ideas (patriarcado), formas de
organización (capitalismo), e instituciones (fuerzas armadas), le
permite a I. G. transformarlas, en la
medida de lo posible, dentro de su propia vida
en espacios de resistencia y
acción.

Esa libertad entender, desobedecer y elegir es lo que el padre (y por
extensión quienes justifican y apoyan las distintas formas de violencia opresiva) repudiaba, por confligir con sus convicciones y con las acciones realizadas a largo de su vida. Para I. G., en cambio,
son la reconexión con el estar viva, en el sentido figurado que supera
lo biológico y lo vincula al de saberse creadora de condiciones más justas, humanas y felices para ella, su hija, y a quienes pueda afectar con sus acciones. De ahí, la afirmación final
de que en su desobediencia está “más viva de lo que jamás estuv[o], sangrando cada día un
poco menos. Siendo feliz cada día un poquito más”.

3.  A modo de conclusión: reflexiones finales

El progreso en materia de verdad y justicia multiplica espacios para que la construcción de la memoria
amplíe su mirada
al presente y, nutriéndose del recuerdo de los abusos
del pasado, considere otras formas de abuso que nos separan de la concreción de una democracia más profunda, en la que todas las vidas tengan igual valor. En ese sentido, la lucha contra la impunidad
y las violaciones a los derechos humanos
del pasado se transforma en una invitación a actuar sobre las
expresiones de deshumanización y
la producción de sufrimiento en el presente.

En Uruguay, las organizaciones de derechos humanos
han batallado a lo largo
del tiempo por ampliar el alcance de su interpretación del pasado, conectada a la necesidad de obtener verdad y justicia, mientras intentaban mantener una mirada crítica sobre los
problemas del presente. Heredero de esas batallas, Historias Desobedientes vino precisamente a potenciar esos aspectos: el
alcance de la memoria y la mirada al presente. Su surgimiento, contra todas las probabilidades, puede interpretarse como un signo
de esperanza y un acto de empoderamiento para todos y en especial
para las generaciones posdictatoriales, es decir los descendientes de los distintos actores sociales de la época:
perpetradores, espectadores, sobrevivientes. En otras palabras, las
generaciones que han vivido “la ‘cultura de la impunidad’ ya no como un remanente transitorio sino como componente orgánico del sustrato cultural
del hoy” (Buriano & Dutrénit, 2017, 251). Para estas generaciones, y a través de ellas para todos (pues como jóvenes/adultos sus integrantes interactúan con distintos grupos etarios), la existencia de Historias Desobedientes plantea una apuesta
a expandir el horizonte de lo
posible en el plano personal, comunitario y político.

Asimismo, las posiciones expresadas por las voceras
del movimiento permiten
estructurar su aporte
en tres ejes interconectados:
el acercamiento entre personas con distintas trayectorias ideológicas,
el cambio de sensibilidad respecto a
lo político y la apuesta a los activismos coordinados. Estos exhortan a
rescatar la empatía y actuar consecuentemente con ese sentimiento, a pesar de los desafíos que eso implique
(cambios en las formas de pensar, interactuar y vivir). También invitan a entendernos como
sujetos implicados en los sufrimientos sociales de ayer y hoy, lo
que fortalece el sentido de agencia individual y colectivo a la hora de
generar transformaciones en los arreglos sociales de los que formamos parte a nivel local y global.

Por estas razones, si bien Historias
Desobedientes en Uruguay no es tan numeroso como en Chile y Argentina, su surgimiento mismo constituye un evento
significativo en el plano de la memoria colectiva que contribuye sustancialmente a mantener su relevancia
en el presente.

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Reseña curricular

Ana Ros Matturro
recibió su doctorado de la Universidad de Michigan. En su trabajo,
investiga la construcción y transmisión de la memoria colectiva de los períodos dictatoriales en el Cono Sur, a través del arte y los aportes de movimientos sociales/populares. Su primer libro
The Post-dictatorhip Generation in Argentina, Chile, and Uruguay
se publicó en el 2012 y su segundo manuscrito, Lecciones del giro perpetrador en América Latina
(2010-2020), fue aceptado
para publicación en Chile.
Ros Matturo es parte del Sistema Nacional de
Investigadores de Uruguay (SNI) y coordinadora de GIMUR (Grupo Interdisciplinario de Mujeres sobre
Memoria en Uruguay).